La jueza cita a declarar a Torró por las transferencias del Ayuntamiento a la empresa pública IPG no devueltas

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Gandia ha citado a declarar el 28 de febrero al exalcalde Arturo Torró, del PP, en calidad de investigado, y al que fuera gerente de la empresa pública IPG Gonzalo Morant, en relación a las transferencias de dinero que se realizaron desde las arcas municipales a la empresa pública IPG durante la pasada legislatura con el informe en contra del interventor.  

La querella fue presentada por el entonces concejal socialista Vicent Mascarell y documenta transferencias por valor de 3,5 millones, aunque en total fueron unas inyecciones de 10,4 millones de euros en créditos que IPG no devolvió cuando vencían. Torró era tanto el alcalde de Gandia como el presidente de IPG. El anterior Gobierno local utilizó IPG como una administración paralela que realizaba servicios sin el control político del pleno. Estas operaciones también están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas.

Tras conocerse esta nueva citación judicial, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Prieto, aseguró que ello demuestra “el mal uso y la perversión con la que el PP utilizaba el dinero de todos los gandienses y de la propia empresa pública, y que ahora conlleva una serie de consecuencias en forma de investigaciones judiciales”.

Ha sido el propio ministerio fiscal el que ha solicitado que declaren en el juzgado tanto Torró y como Gonzalo Morant.   “Se trata de una prueba más de cómo desde los propios recursos económicos del Ayuntamiento de Gandia se transfería dinero a IPG para escapar del control de los funcionarios y de la fiscalización de la oposición, para gastar a manos llenas en saraos”, señaló Prieto.

El exalcalde Torró, y el anterior responsable de IPG, Gonzalo Morant, formalizaron el 9 de septiembre de 2014 un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros con informes negativos y con reparos de legalidad tanto del interventor como del tesorero municipal, con la advertencia previa, expresa y reiterada de dichos reparos por parte del secretario general del Ayuntamiento. No obstante, Torró firmó el crédito y dictó el decreto, mientras que el anterior concejal de Hacienda, Guillermo Barber, resolvió en dicho sentido.

Además, se trata de una práctica reiterada y continuada en anteriores ocasiones, al tener conocimiento que se han firmado un mínimo de cuatro operaciones de tesorería más con la empresa pública IPG por importe 2 millones de euros (17-07-2013), 1 millón de euros (17-06-2013), 1,3 millones de euros (01-07-2013) y 2,6 millones de euros (10-03-2014). Todos estos préstamos han comprometido la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento de Gandia, llegando incluso a peligrar la liquidez del mismo.

El PP, tranquilo 

Por su parte, los populares expresaron su “absoluta tranquilidad” ante la citación de Arturo Torró y Gonzalo Morant. Para el PP es “una causa más, que se inserta dentro de la cacería política que está llevando a cabo el PSOE, con el visto bueno de Més Gandia y Ciudadanos”.

Los populares explicaron que estas transferencias eran “un mecanismo habitual y conforme a derecho, mediante el cual, se lograba financiar servicios públicos como viviendas públicas, SaforBici, la grúa o la ORA”. Todas las operaciones con IPG, según el PP, se realizaron se ejecutaron como operaciones de tesorería, no como aportaciones patrimoniales. Torró asegura que tenía informes “de un prestigioso gabinete jurídico”. Se trata en todo caso, añadieron los populares “de un asunto de carácter administrativo”.