La Audiencia confirma la querella presentada por el PP contra la alcaldesa de Gandia
Diana Morant y cuatro personas más están siendo investigadas por no permitir el acceso a los despachos municipales a cargos de confianza del exalcalde Torró tras el pleno de investidura.
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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado los recursos contra la admisión a trámite de la querella prsentada por el PP de Gandia en el Juzgado de Instrucción Número 3 de la ciudad contra la alcaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant, y otras cuatro personas más (dos cargos políticos y dos funcionarios) por impedir el acceso a los despachos a excargos del anterior alcalde, Arturo Torró (PP), después de que Morant ya fuera investida como alcaldesa, el 13 de junio de 2015. La orden dada por la alcaldesa afectó a todas las dependencias municipales, incluida la sede de la empresa pública IPG.
Los acusados tendrán que declarar en el Juzgado de Gandia en calidad e investigados. La Audiencia no entra a prejuzgar la causa, pero señala que “de ser ciertos los hechos denunciados por el PP, podrían considerarse delitos”, en este caso prevaricación, revelación de secretos, falsificación de documentos y coacciones.
Los populares, a través de un comunicado, se han mostrado “preocupados por la imagen de Gandia, que una vez más y de la mano del socialismo, vuelve a ocupar portadas a causa de las cuentas pendientes de sus dirigentes con la Justicia”.
La alcaldesa, Diana Morant, mediante otra nota, expresó su “respeto” a la decisión judicial y la “máxima tranquilidad” ante este nuevo paso del proceso. En el caso de ser citada a declarar, asegura ello permitirá “aclarar la situación y reafirmar la necesidad de la medida, ya que permitió que el secretario y el interventor municipales pudieran custodiar todos los documentos y equipos informáticos de la Ayuntamiento de Gandia para salvaguardar los intereses de la ciudadanía”.
El Gobierno local asegura que en ningún momento se prohibió la entrada a las dependencias municipales a los funcionarios pero sí a los cargos de confianza populares y ediles del anterior gobierno para evitar la destrucción de pruebas, “aspecto que se confirmó con los dos intentos de acceder a dependencias municipales durante el fin de semana a altas horas de la madrugada por parte de cargos de confianza del PP según consta en el informe de la Policía Local que aparece en la causa”.
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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado los recursos contra la admisión a trámite de la querella prsentada por el PP de Gandia en el Juzgado de Instrucción Número 3 de la ciudad contra la alcaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant, y otras cuatro personas más (dos cargos políticos y dos funcionarios) por impedir el acceso a los despachos a excargos del anterior alcalde, Arturo Torró (PP), después de que Morant ya fuera investida como alcaldesa, el 13 de junio de 2015. La orden dada por la alcaldesa afectó a todas las dependencias municipales, incluida la sede de la empresa pública IPG.
Los acusados tendrán que declarar en el Juzgado de Gandia en calidad e investigados. La Audiencia no entra a prejuzgar la causa, pero señala que “de ser ciertos los hechos denunciados por el PP, podrían considerarse delitos”, en este caso prevaricación, revelación de secretos, falsificación de documentos y coacciones.
Los populares, a través de un comunicado, se han mostrado “preocupados por la imagen de Gandia, que una vez más y de la mano del socialismo, vuelve a ocupar portadas a causa de las cuentas pendientes de sus dirigentes con la Justicia”.
La alcaldesa, Diana Morant, mediante otra nota, expresó su “respeto” a la decisión judicial y la “máxima tranquilidad” ante este nuevo paso del proceso. En el caso de ser citada a declarar, asegura ello permitirá “aclarar la situación y reafirmar la necesidad de la medida, ya que permitió que el secretario y el interventor municipales pudieran custodiar todos los documentos y equipos informáticos de la Ayuntamiento de Gandia para salvaguardar los intereses de la ciudadanía”.
El Gobierno local asegura que en ningún momento se prohibió la entrada a las dependencias municipales a los funcionarios pero sí a los cargos de confianza populares y ediles del anterior gobierno para evitar la destrucción de pruebas, “aspecto que se confirmó con los dos intentos de acceder a dependencias municipales durante el fin de semana a altas horas de la madrugada por parte de cargos de confianza del PP según consta en el informe de la Policía Local que aparece en la causa”.









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