Gandia paga 350.000 euros a Cocoloco y rescinde el alquiler del local en la primera línea de la playa
El actual Gobierno de izquierdas llega a un acuerdo para anular el contrato a 15 años que había pactado el exalcalde Arturo Torró (PP) y que hubiera supuesto un coste de 1,8 millones de euros. El ayuntamiento ni siquiera tenía las llaves, pese a adquirir la condición de inquilino. En el inmueble no se podrá instalar una discoteca, ya que sigue vigente la normativa urbanística que prohíbe estos usos en la fachada marítima.
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El portavoz del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, y Vicent Mascarell, en representación del equipo de liquidadores de la empresa pública IPG, comparecieron este jueves en rueda de prensa para informar del acuerdo extrajudicial que han alcanzado con Becos, la empresa propietaria del local de primera línea de playa donde antiguamente estaba ubicada la discoteca Cocoloco.
En la anterior legislatura, el exalcalde Arturo Torró, del PP, pactó con Becos mediante un contrato cerrar la discoteca y asumir IPG el alquiler de ese local durante 15 años con un coste total de 1,8 millones de euros a razón de 10.000 euros mensuales. La intención era Torró era recuperar ese dinero realquilando la sala a otro operador que supuestamente no llevara a cabo actividades ruidosas, como por ejemplo un casino, pero ese nuevo inquilino nunca llegó, y tampoco se fueron abonando las mensualidades del alquiler, por lo que Becos reclamó al ayuntamiento y amenazó con interponer una demanda.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo mediante el cual IPG deberá pagar 350.000 euros a los propietarios de la discoteca. Becos, por tanto, volverá a disponer de ese local, aunque sigue vigente la normativa urbanística que impide abrir actividades molestas y ruidosas en primera línea, por lo que en ese subterráneo no se podrá ubicar de nuevo una discoteca o sala similar.
El acuerdo se firmó el mismo jueves día 23 ante el juzgado de Primera Instancia número 5 de Gandia por el que la empresa pública tendrá que hacer frente a 350.000 € por los alquileres de Coco Loco que nunca se pagaron.
Mascarell lamentó que Torró “ocultó a la ciudadanía y la opinión pública un contrato entre la mercantil pública y la privada y ahora, en sede judicial hemos conocido de su existencia. Un contrato que permitía utilizar unas instalaciones que nunca se usaron y de cuyo local no teníamos ni las llaves”.
Por su parte, José Manuel Prieto, recordó el “esfuerzo” que supondrá para el Consistorio el pago de estos € 350.000 a través de IPG. "Si comparamos este importe con gastos a los que debe hacer frente este ayuntamiento podemos descubrir el tamaño de la ruina y el pufo que tenemos que afrontar de los anteriores gestores de esta ciudad y que tiene consecuencias directas en la vida de las personas”. Prieto pidió a los populares que "dejen de aleccionar después de habernos dejado una situación ruinosa y que asuman sus responsabilidades. Estamos abriendo una nueva etapa para la ciudad pero sin olvidar los que fueron los responsables”. Por su parte, Mascarell dijo que la empresa incluirá esta cantidad en la acción de responsabilidad social que IPG interpondrá contra los anteriores gestores.
Respuesta del PP
Como respuesta, el PP emitió un comunicado en el que considera “lesivo” el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Becos, y también pidió responsabilidades a los actuales gestores. Torró, a través de su perfil de Facebook, dijo que ese dinero no debería haber pagado y tildó de “pardillos” a Prieto y Mascarell.
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El portavoz del Gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, y Vicent Mascarell, en representación del equipo de liquidadores de la empresa pública IPG, comparecieron este jueves en rueda de prensa para informar del acuerdo extrajudicial que han alcanzado con Becos, la empresa propietaria del local de primera línea de playa donde antiguamente estaba ubicada la discoteca Cocoloco.
En la anterior legislatura, el exalcalde Arturo Torró, del PP, pactó con Becos mediante un contrato cerrar la discoteca y asumir IPG el alquiler de ese local durante 15 años con un coste total de 1,8 millones de euros a razón de 10.000 euros mensuales. La intención era Torró era recuperar ese dinero realquilando la sala a otro operador que supuestamente no llevara a cabo actividades ruidosas, como por ejemplo un casino, pero ese nuevo inquilino nunca llegó, y tampoco se fueron abonando las mensualidades del alquiler, por lo que Becos reclamó al ayuntamiento y amenazó con interponer una demanda.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo mediante el cual IPG deberá pagar 350.000 euros a los propietarios de la discoteca. Becos, por tanto, volverá a disponer de ese local, aunque sigue vigente la normativa urbanística que impide abrir actividades molestas y ruidosas en primera línea, por lo que en ese subterráneo no se podrá ubicar de nuevo una discoteca o sala similar.
El acuerdo se firmó el mismo jueves día 23 ante el juzgado de Primera Instancia número 5 de Gandia por el que la empresa pública tendrá que hacer frente a 350.000 € por los alquileres de Coco Loco que nunca se pagaron.
Mascarell lamentó que Torró “ocultó a la ciudadanía y la opinión pública un contrato entre la mercantil pública y la privada y ahora, en sede judicial hemos conocido de su existencia. Un contrato que permitía utilizar unas instalaciones que nunca se usaron y de cuyo local no teníamos ni las llaves”.
Por su parte, José Manuel Prieto, recordó el “esfuerzo” que supondrá para el Consistorio el pago de estos € 350.000 a través de IPG. "Si comparamos este importe con gastos a los que debe hacer frente este ayuntamiento podemos descubrir el tamaño de la ruina y el pufo que tenemos que afrontar de los anteriores gestores de esta ciudad y que tiene consecuencias directas en la vida de las personas”. Prieto pidió a los populares que "dejen de aleccionar después de habernos dejado una situación ruinosa y que asuman sus responsabilidades. Estamos abriendo una nueva etapa para la ciudad pero sin olvidar los que fueron los responsables”. Por su parte, Mascarell dijo que la empresa incluirá esta cantidad en la acción de responsabilidad social que IPG interpondrá contra los anteriores gestores.
Respuesta del PP
Como respuesta, el PP emitió un comunicado en el que considera “lesivo” el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Becos, y también pidió responsabilidades a los actuales gestores. Torró, a través de su perfil de Facebook, dijo que ese dinero no debería haber pagado y tildó de “pardillos” a Prieto y Mascarell.









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