Archivan la querella por injurias que presentó Lola Moncho contra Mascarell por revelar su contrato con IPG

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha absuelto al presidente de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), el socialista Vicent Mascarell, ante la querella presentada por la que fuera representante del PP en esta empresa pública, Lola Moncho, por presuntas injurias y falta al honor contra su persona, al revelar Mascarell la relación contractual que Moncho mantuvo siendo consejera con una empresas beneficiada por IPG y en la que participaba tanto su hijo como su sobrino.

En el auto judicial acuerda el sobreseimiento de esta demanda, ya que las manifestaciones efectuadas por Vicent Mascarell se produjeron "en un marco de carácter claramente político, y responden a una opinión realizada por quien las emite, que no resulta gratuita en emitirse en relación a unos hechos o ideas que se exponen ". Además, las afirmaciones del presidente de IPG se llevaron a cabo en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión reconocido por la Constitución.

El auto, con todo, no entra en el fondo de la cuestión. Según apuntan los socialistas en un comunicado, la exconcejala del PP Lola Moncho llegó a ocultar al resto de miembros del Consejo de Administración de IPG la existencia de una serie de contratos firmados con la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico que facturaba 55.000 euros por año, al menos desde 2014. “Estos contratos eran, aparentemente, ficticios porque en la práctica lo que se hacía era pagar el sueldo de Lola Moncho a razón de 4.235 euros al mes”, añaden los socialistas.

La empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico, propiedad del sobrino de Moncho, cobraba por realizar informes y asesoramiento de proyectos como la Ciudad Agroalimentaria, el Parque Acuático o la Universidad Católica, cuando en realidad tenía muy poca experiencia en este tipo de tareas. Además, el contrato obligaba a IPG a poner a disposición de la empresa un despacho con línea telefónica e Internet, y una secretaria pagada por la misma empresa pública, en la segunda planta del Ayuntamiento de Gandia. Posteriormente se supo que esa empresa, en realidad, estaba dirigida por el hijo de Lola Moncho, quien fue gerente de IPG en la primera etapa del anterior gobierno del PP.

"No nos van a callar al actual Consejo de Administración de IPG, que parte de un mandato muy claro de la ciudadanía, que no es otro que aplicar la transparencia, luces y taquígrafos ante el oscurantismo del anterior etapa del PP. Y es que los gandienses se merecen saber en qué se gastaron un dinero, que no tenían, los anteriores gestores de la empresa pública ", remarcó Mascarell.

Moncho alega 

Lola Moncho, según informó el PP a través de un comunicado, ha presentado alegaciones a este sobreseimiento al entender que IPG y su   representante legal “son y han sido siempre ajenos a cualquier marco político y se han visto sometidos a una serie de acusaciones públicas e infundadas que no hacen sino poner en tela de juicio su honorabilidad y profesionalidad”.

Moncho añade que “no debe confundirse la opinión o valoración personal de ciertos hechos con la actuación del querellado al emitir expresiones que por su propio sentido gramatical resultan ofensivas y han sido emitidas de manera clara, concreta, determinada y con publicidad a través de cinco medios de comunicación al calificar sin reservas el citado contrato de arrendamiento de servicios como ficticio”.