Absuelven a la concejala del PSOE de Gandia Ana García por las facturas de UGT
El Tribunal de Cuentas también exime al interventor, Jorge García. El exalcalde Torró (PP) les denunció por abonar 7.210 euros al sindicato entre los años 2009 y 2011 por congresos y actos.
El Tribunal de Cuentas ha absuelto a la concejala socialista de Gandia Ana García, que fue responsable de Hacienda entre 2007 y 2011, de la acusación de abonar facturas irregulares al sindicato UGT-PV, según denunció el exalcalde Arturo Torró (PP) en 2013, que aludió incluso al pago de «mariscadas». La sentencia también absuelve al interventor, Jorge García, que avaló el pago, y que se cifró en 7.210 euros abonados entre 2009 y 2011.
Torró retiró la denuncia cuando se vio implicado su edil Guillermo Barber, al ordenar el pago de una de esas facturas pendientes, pero el Ministerio Fiscal siguió adelante. La sentencia confirma que esos pagos se realizaron en virtud de congresos y actos, en los que asistieron un gran número de personas, y con el objetivo de dinamizar la ciudad como destino turístico y ciudad de congresos. Una comisión de investigación municipal reunida en octubre de 2013 también determinó que no había irregularidades administrativas.
El Tribunal de Cuentas ha absuelto a la concejala socialista de Gandia Ana García, que fue responsable de Hacienda entre 2007 y 2011, de la acusación de abonar facturas irregulares al sindicato UGT-PV, según denunció el exalcalde Arturo Torró (PP) en 2013, que aludió incluso al pago de «mariscadas». La sentencia también absuelve al interventor, Jorge García, que avaló el pago, y que se cifró en 7.210 euros abonados entre 2009 y 2011.
Torró retiró la denuncia cuando se vio implicado su edil Guillermo Barber, al ordenar el pago de una de esas facturas pendientes, pero el Ministerio Fiscal siguió adelante. La sentencia confirma que esos pagos se realizaron en virtud de congresos y actos, en los que asistieron un gran número de personas, y con el objetivo de dinamizar la ciudad como destino turístico y ciudad de congresos. Una comisión de investigación municipal reunida en octubre de 2013 también determinó que no había irregularidades administrativas.









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