La jueza admite una querella contra Prieto y Mascarell por la provisión de una plaza en Urbanismo
La titular del Juzgado de Instrucción nº3 acepta una denuncia penal del funcionario José Santatecla contra el coportavoz del Gobierno de Gandia y el responsable del área de Urbanismo.
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El concejal de Administración, Modernización y Gobierno abierto en el Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Prieto, y el responsable del área de Urbanismo, Vicent Mascarell, tendrán que declarar ante la Justicia como querellados por un presunto delito de prevaricación, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia haya admitido a trámite una querella interpuesta por el funcionario de Urbanismo José Santatecla contra la convocatoria de una plaza de jefe de área en este departamento. También está llamado a declarar el secretario municipal, como presidente de la comisión de valoración.
El proceso viene del año 2014, cuando el anterior Gobierno del PP convocó la plaza, que ganó Santatecla. El denunciante considera que desde mediados de 2015 ya debería estar en posesión de la plaza. Sin embargo, según critica Santatecla, tras el cambio en el Gobierno local, Prieto y Mascarell lo dilataron deliberadamente, solicitando nuevos informes. El nombramiento de Santatecla fue recurrido por otro aspirante, y al final Prieto resolvió, en febrero de 2016, suspender todo el proceso de la provisión de la plaza.
Desde el PP, el coportavoz Vicent Gregori considera que “el Gobierno que daba lecciones y expedía carnets de buen y mal político, en tan solo un año se encuentra con hasta tres grandes frentes judiciales penales abiertos, el caso de los asaltos a los despachos, el del CE Roís de Corella y el presente”.
Desde el PSPV-PSOE, Prieto explicó que aún no habían tenido ninguna confirmación oficial y añadió que se trata “de un expediente largo y confuso que ha pasado por el pleno municipal y que ha tenido una tramitación muy larga y que aún continúa abierto”.
Por otra parte, cuestionó el interés del grupo municipal del PP en este proceso y les criticó por lo que considera una “persecución”. “Hemos actuado siempre con los informes de legalidad de los técnicos y en este caso contamos con los informes de la asesoría jurídica municipal que nos han dicho por donde teníamos que ir”.
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El concejal de Administración, Modernización y Gobierno abierto en el Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Prieto, y el responsable del área de Urbanismo, Vicent Mascarell, tendrán que declarar ante la Justicia como querellados por un presunto delito de prevaricación, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia haya admitido a trámite una querella interpuesta por el funcionario de Urbanismo José Santatecla contra la convocatoria de una plaza de jefe de área en este departamento. También está llamado a declarar el secretario municipal, como presidente de la comisión de valoración.
El proceso viene del año 2014, cuando el anterior Gobierno del PP convocó la plaza, que ganó Santatecla. El denunciante considera que desde mediados de 2015 ya debería estar en posesión de la plaza. Sin embargo, según critica Santatecla, tras el cambio en el Gobierno local, Prieto y Mascarell lo dilataron deliberadamente, solicitando nuevos informes. El nombramiento de Santatecla fue recurrido por otro aspirante, y al final Prieto resolvió, en febrero de 2016, suspender todo el proceso de la provisión de la plaza.
Desde el PP, el coportavoz Vicent Gregori considera que “el Gobierno que daba lecciones y expedía carnets de buen y mal político, en tan solo un año se encuentra con hasta tres grandes frentes judiciales penales abiertos, el caso de los asaltos a los despachos, el del CE Roís de Corella y el presente”.
Desde el PSPV-PSOE, Prieto explicó que aún no habían tenido ninguna confirmación oficial y añadió que se trata “de un expediente largo y confuso que ha pasado por el pleno municipal y que ha tenido una tramitación muy larga y que aún continúa abierto”.
Por otra parte, cuestionó el interés del grupo municipal del PP en este proceso y les criticó por lo que considera una “persecución”. “Hemos actuado siempre con los informes de legalidad de los técnicos y en este caso contamos con los informes de la asesoría jurídica municipal que nos han dicho por donde teníamos que ir”.









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