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J.C.
Miércoles, 17 de mayo de 2017

Gandia asumirá los 20 millones de deuda comercial de IPG y los 31 trabajadores restantes

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El Gobierno local anuncia la liquidación y cierre de la empresa pública en las próximas semanas. El exalcalde Arturo Torró señala que esta legislatura el ayuntamiento ha seguido inyectando dinero a IPG “en pequeñas cantidades”.

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La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, y el concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, comparecieron en rueda de prensa para anunciar que el Gobierno local, con el apoyo de C’s, liquidará y cerrará en las próximas semanas la empresa pública IPG, tras dos años de gestiones desde que accedieron al poder.

 

El Ayuntamiento de Gandia asumirá todos los activos y pasivos de IPG, incluyendo los 20 millones de euros de deuda comercial que restan, y 31 trabajadores, de los 200 empleados que tenía inicialmente la empresa. También hay acuerdo para que estos trabajadores sean subrogados de forma progresiva en las sucesivas contratas municipales.

 

Diana Morant apuntó que con esto “se cierra uno de los capítulos más negros de la historia de Gandia” ya que “con IPG en manos del PP se llevaron a cabo las mayores barbaridades, que han dejado hipotecada la ciudad para los próximos años”. La alcaldesa apuntó que, pese a prometerlo, el exalcalde Arturo Torró "no se atrevió a cerrarla en la pasada legislatura, porque era la máquina que mejor le servía a sus intereses y a los del PP, a través de enchufados y clientelismo”.   

 

 

La alcaldesa, por otra parte, agradeció el trabajo del consejo de administración presidido por Vicent Mascarell y del equipo posterior de liquidadores, que han logrado reducir la deuda inicial a la mitad, y a los técnicos municipales, que a partir de ahora se encargaran de distribuir el trabajo de IPG en las diferentes áreas municipales. También pidió disculpas por los impagos y demoras a los proveedores, “muchos de ellos asociaciones o colectivos de la ciudad que han adelantado el dinero de su bolsillo”. En parecidos términos se expresaron Lorena Milvaques y Ciro Palmer.

 

Reaparece Torró 

Por otra parte, Arturo Torró intervino en una rueda de prensa en el despacho del Grupo Municipal del PP junto al concejal Guillermo Barber, para explicar su versión. El exalcalde declaró este miércoles por la mañana en los Juzgados de Gandia por la denuncia de transferencias de dinero (12 millones) desde el Ayuntamiento a IPG en la pasada legislatura.  

 

Torró señaló que estas transferencias eran legales bajo el principio de la "caja común" y añadió que el actual Gobierno local también ha seguido transfiriendo dinero a IPG “pero en pequeñas cantidades”. Además, reveló que seis meses antes de las elecciones de 2011, el Gobierno de Orengo y Mut pidieron un inyectaron 42 millones a IPG que no se materializaron en inversiones, sino que se fueron a gasto corriente.  

  

Por otra parte, critió que para la compraventa del solar público donde se construyó la tienda de Decathlon, IPG utilizó una entidad financiera que no está registrada en el Banco de España y por tanto escapaba a la orden judicial de embargo de cuentas, lo que, según el exalcalde, podría suponer un “delito de insolvencia punible y alzamiento de bienes por parte de la empresa pública”. Guillermo Barber apuntó que la situación de IPG no viene de la legislatura pasada, sino de la etapa 2007-2011, “donde se realizaron los mayores pufos, como la compra de la cuadra de Beniopa, el crucero de los Borja, la compra de terrenos en Sanxo Llop, de pisos, o la compra de la Torre dels Pares”. 

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