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Jueves, 9 de marzo de 2017

La comunidad educativa se alza en contra de la LOMCE en la Safor

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El STEPV cifra el seguimiento en la Comunitat Valenciana en un 40% de los profesores y el 80% de los alumnos en la educación obligatoria.

Ayer se convocaba a nivel estatal una huelga de todos los niveles educativos en contra de la aplicación de la LOMCE. La ley educativa, que se empieza a implementar parcialmente, será modificada por el gobierno central a causa de las críticas, pero el alcance de estas modificaciones resulta muy insuficiente para gran parte de la comunidad educativa.

 

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El seguimiento en la Comunitat Valenciana ha sido cifrado por el sindicato de educación STEPV. A través de Àlex Vercher, permanent sindical de la Safor-Valldigna, se asegura que un 40% del profesorado ha secundado la huelga, cifra que aumenta hasta el 80% en el caso de los alumnos. Al respecto de las universidades y aunque sin datos concretos, Vercher indica que la huelga ha tenido una incidencia superior, con la participación de entre el 70 y el 80% de los profesores y cerca del 100% del alumnado.

 

Valorando estas cifras, el representante del STEPV afirma que «cuando una ley no se pregunta ni se consulta, ni se hace en consenso con la comunidad educativa, pues pasan estas cosas. Y cuando un gobierno no cree en la educación saca leyes como ésta en la que el profesorado y la comunidad educativa en general está totalmente en contra».

 

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En la ciudad de Gandia, alumnos y representantes políticos se concentraban en la plaza del ayuntamiento reclamando el fin de los recortes y la derogación de la LOMCE. Allí estaba presente Laura Morant, concejal de políticas educativas del ayuntamiento de Gandia, que valoraba críticamente algunos de los aspectos más negativos de la ley educativa: «Es una ley sin ningún consenso educativo que le quita competencias a las comunidades autónomas para elegir sus temarios, porque cada comunidad autónoma, cada trocito de territorio que forma el estado tiene su realidad, y debería ser esa comunidad la que establece los criterios». Incide en que, además «perjudica el conocimiento de las lenguas oficiales que tenemos, pero sobre todo atenta contra los derechos que tenemos los consejos escolares, en los mismo centros, en cuanto a la libertad para establecer criterios pedagógicos».

 

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