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SG
Viernes, 6 de mayo de 2016

La Justicia investigará si hubo coacciones a Torró y a asesores del PP durante el traspaso de poderes en Gandia

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La jueza admite a trámite una querella presentada por el exalcalde y varios miembros del PP por no dejarles entrar en sus despachos tras la investidura de Diana Morant.  

La Justicia investigará si hubo coacciones en Gandia contra miembros del PP durante el traspaso de poderes en el Ayuntamiento, a mediados de junio de 2015, para que estos no acudieran a su puesto de trabajo. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Gandia ha admitido a trámite una querella presentada el 21 de marzo de este año por varios miembros del PP, entre ellos el exalcalde Arturo Torró, contra la alcaldesa, Diana Morant; el secretario municipal, Lorenzo Pérez; el coordinador general de Economía, Salvador Gregori; y los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí, por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones.



La jueza ha citado a declarar en junio a los cinco denunciados en calidad de querellados, no investigados. También tendrán que ratificar los denunciantes en calidad de testigos, que además de Torró son el exgerente de IPG, Gonzalo Morant; Lola Moncho; Carlos Moncho; Alba Frasquet y Cristina Serrano. También acudirá el asesor del PP Javier Reig.   



Lola Moncho y Vicent Gregori comparecieron este jueves en rueda de prensa para dar cuenta de este auto de la jueza. Los querellantes aseguran que tras el pleno de investidura y sin que todavía existiera un decreto de Alcaldía, los denunciados les impidieron el paso a sus despachos y ni siquiera pudieron recoger sus efectos personales.  



Estos hechos se sucedieron, según Moncho y Gregori, por personal político que ni siquiera había sido nombrado y que se entienden en la órbita del PSOE. Todos ellos, en algunos casos custodiados por agentes de la autoridad, quienes parecen ser, recibieron órdenes de la Alcaldía para impedir el acceso a distintas dependencias. Como consecuencia de ello, según los populares, se pudo producir falta de documentación, borrados o modificaciones de equipos informáticos.  


Respuesta de Morant


Tras conocer el auto, Diana Morant aseguró que en el Gobierno local están tranquilos porque hicimos lo mejor para Gandia". Asegura la alcaldesa que su trabajo en aquellas horas era proteger toda la información del Ayuntamiento y sobre todo, la de la empresa pública para que no se destruyera o desapareciera; el sábado fue la investidura y el PP ya no era Gobierno, ¿cómo no íbamos a impedir el acceso a las oficinas municipales ya IPG a las mismas personas que hicieron desaparecer ordenadores, borraron discos duros o sufrieron misteriosos robos cuando eran Gobierno?".



Morant apunta que una de las denunciantes intentó entrar en el Ayuntamiento a las 3 de la madrugada, y otra de las querelladas intentó entrar en las oficinas de IPG a las 6 de la mañana 48 horas después de perder la Alcaldía.  Morant añadió que estos asesores del PP y el exalcalde tuvieron tres semanas desde las elecciones hasta la investidura para recoger sus cosas y material personal.



La alcaldesa matizó que "sí se les permitió acceder a los despachos pero bajo un protocolo que preveía que los funcionarios garantizaran que no se destruía nada o se llevaran material del Ayuntamiento o la empresa pública. Toda la documentación y ordenadores fueron puestos bajo la custodia del secretario del ayuntamiento que fue quien tuteló que se cumplieran todos los derechos de los trabajadores y sobre todo, para evitar que se destruyera nada". Morant considera que la intención del PP es pasear a la alcaldesa de Gandia por los Juzgados en plena campaña electoral.

           

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